MANIFIESTO
Murcia, 6 de mayo de 2008
La Declaración Universal de los Derechos Humanos y nuestra propia Constitución reconocen, en sus artículos 26 y 27, respectivamente, el derecho que toda persona tiene a la educación. La UNESCO considera que este derecho es esencial para el desarrollo de la personalidad humana, pero también para el desarrollo económico, social y cultural.
La Región de Murcia ha dado pasos importantes desde la recuperación de la democracia en España y desde nuestra incorporación a la Unión Europea, pero le queda mucho camino por recorrer, sobre todo en comparación con otras regiones españolas y europeas. Nuestra Región tiene muchas carencias educativas, culturales, científicas y tecnológicas. Por eso, necesitamos unas políticas públicas que hagan de la educación, la cultura y la investigación el eje fundamental del desarrollo de la sociedad murciana. Y uno de los objetivos prioritarios debe ser mejorar nuestro actual sistema universitario, compuesto por dos universidades públicas (UMU y UPCT) y una privada (UCAM).
Con ese objetivo, diversas organizaciones de la Región hemos decidido constituir una PLATAFORMA POR LA DEMOCRACIA UNIVERSITARIA. Queremos coordinar nuestros esfuerzos y hacer un llamamiento a la ciudadanía y a todos los agentes políticos y sociales, para conseguir un sistema universitario basado en los siguientes principios: el derecho universal a la educación, la calidad en la formación de los universitarios, la excelencia en la investigación, la libertad de enseñanza, el derecho a la libre creación y elección de centros docentes, el principio de mérito y capacidad, la transparencia y legalidad en la gestión, y, por último, la participación democrática. En definitiva, queremos unas universidades que garanticen “el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”, como exige el artículo 27.2 de nuestra Constitución.
La docencia y la investigación universitarias constituyen una actividad de interés general fundamental, necesaria para el desarrollo de nuestra sociedad. Por eso, pedimos a los poderes públicos que pongan todo su empeño en potenciar y mejorar el sistema universitario murciano. Asimismo, les pedimos que cumplan con el deber constitucional de supervisión y homologación, para garantizar que nuestras tres universidades cumplan con las leyes, sean transparentes en su gestión, practiquen una leal competencia interuniversitaria y proporcionen una docencia y una investigación de calidad.
Nos parece completamente inaceptable que alguna de ellas pueda gozar de privilegios excepcionales al margen de la ley, y menos aún que se la pueda utilizar para lograr el lucro personal a través de medios ilícitos. Nos preocupa que el Gobierno regional murciano, y en especial la Consejería de Educación, no demuestre la voluntad política necesaria para evitar este tipo de privilegios y de irregularidades, que perjudican muy gravemente a todo el sistema universitario y al conjunto de la sociedad murciana.
Por todo lo expuesto, y ante la controversia existente actualmente en torno a la UCAM, exigimos de los poderes públicos que actúen con el rigor necesario, ejerciendo las competencias de control y garantía que tienen asumidas. Al mismo tiempo, pedimos al Gobierno Regional el máximo compromiso político y financiero con las universidades públicas de nuestra Región.
Queremos invitar a la ciudadanía murciana y a todos los agentes políticos y sociales, para que levanten su voz en defensa de la legalidad, la calidad y la democracia en el sistema universitario de nuestra Región.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos y nuestra propia Constitución reconocen, en sus artículos 26 y 27, respectivamente, el derecho que toda persona tiene a la educación. La UNESCO considera que este derecho es esencial para el desarrollo de la personalidad humana, pero también para el desarrollo económico, social y cultural.
La Región de Murcia ha dado pasos importantes desde la recuperación de la democracia en España y desde nuestra incorporación a la Unión Europea, pero le queda mucho camino por recorrer, sobre todo en comparación con otras regiones españolas y europeas. Nuestra Región tiene muchas carencias educativas, culturales, científicas y tecnológicas. Por eso, necesitamos unas políticas públicas que hagan de la educación, la cultura y la investigación el eje fundamental del desarrollo de la sociedad murciana. Y uno de los objetivos prioritarios debe ser mejorar nuestro actual sistema universitario, compuesto por dos universidades públicas (UMU y UPCT) y una privada (UCAM).
Con ese objetivo, diversas organizaciones de la Región hemos decidido constituir una PLATAFORMA POR LA DEMOCRACIA UNIVERSITARIA. Queremos coordinar nuestros esfuerzos y hacer un llamamiento a la ciudadanía y a todos los agentes políticos y sociales, para conseguir un sistema universitario basado en los siguientes principios: el derecho universal a la educación, la calidad en la formación de los universitarios, la excelencia en la investigación, la libertad de enseñanza, el derecho a la libre creación y elección de centros docentes, el principio de mérito y capacidad, la transparencia y legalidad en la gestión, y, por último, la participación democrática. En definitiva, queremos unas universidades que garanticen “el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”, como exige el artículo 27.2 de nuestra Constitución.
La docencia y la investigación universitarias constituyen una actividad de interés general fundamental, necesaria para el desarrollo de nuestra sociedad. Por eso, pedimos a los poderes públicos que pongan todo su empeño en potenciar y mejorar el sistema universitario murciano. Asimismo, les pedimos que cumplan con el deber constitucional de supervisión y homologación, para garantizar que nuestras tres universidades cumplan con las leyes, sean transparentes en su gestión, practiquen una leal competencia interuniversitaria y proporcionen una docencia y una investigación de calidad.
Nos parece completamente inaceptable que alguna de ellas pueda gozar de privilegios excepcionales al margen de la ley, y menos aún que se la pueda utilizar para lograr el lucro personal a través de medios ilícitos. Nos preocupa que el Gobierno regional murciano, y en especial la Consejería de Educación, no demuestre la voluntad política necesaria para evitar este tipo de privilegios y de irregularidades, que perjudican muy gravemente a todo el sistema universitario y al conjunto de la sociedad murciana.
Por todo lo expuesto, y ante la controversia existente actualmente en torno a la UCAM, exigimos de los poderes públicos que actúen con el rigor necesario, ejerciendo las competencias de control y garantía que tienen asumidas. Al mismo tiempo, pedimos al Gobierno Regional el máximo compromiso político y financiero con las universidades públicas de nuestra Región.
Queremos invitar a la ciudadanía murciana y a todos los agentes políticos y sociales, para que levanten su voz en defensa de la legalidad, la calidad y la democracia en el sistema universitario de nuestra Región.
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